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Cuando los medios de Comunicación cuestionaron a Eduardo Bours sobre sus familiares y


                  las guarderías, la respuesta fue minimizar los hechos: “Sí hay parentesco, pero exageran…

                  Yo tenía  conocimiento  de  que  una  sobrina  mía,  lo  dije  desde  el  primer  día,  se  les  hizo


                  insuficiente decir que había esposas de funcionarios”. Eduardo Bours (El Universal 15 de

                  junio del 2009).



                  Como se ha expuesto, al parecer hubo un boom entre empresarios y políticos en la adquisición

                  de guarderías subrogadas. ¿Por qué el negocio de las guarderías, siendo una actividad de

                  carácter público relacionado con la educación y el cuidado de menores, se convirtió en un


                  interesante negocio para empresarios y políticos?



                  Que un gran número de guarderías subrogadas alrededor del país y  en el estado de Sonora


                  estén en manos de empresarios y políticos no es casual, la razón de fondo es porque, tanto

                  realizar los trámites como administrar una guardería, era una actividad sencilla que era muy


                  bien remunerada. Empezar el trámite era sencillo, no se requería mayor preparación, sólo se

                  necesitaba  constituirse  en  una  persona  moral  que  tuviera  nada  más  que  plasmar  en  los

                  objetivos del papel constitutivo, que se dedicaría al giro de la educación. Podían adaptarse


                  cualquier tipo de instalaciones, sin un estricto control de la seguridad, y aunque hubiera

                  sanciones  y  observaciones  que  no  se  cumplían  al  pie  de  la  letra,  las  guarderías  no  se


                  clausuraban.  Como  no  se  exigía  rigurosamente  el  cumplimiento  de  los  requisitos  para

                  contratar, era aún más sencillo, se aplazaba o simplemente no se entregaba la documentación


                  con la que no se contaba, como lo constató el informe de la Suprema Corte Nacional de

                  Justicia. La inversión era poca y como la responsabilidad podía relegarse a la directora del





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