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México es uno de los países subdesarrollados que más tempranamente se adhirieron a los nuevos tratados internacionales en materia de protección a la invención; esta “adopción temprana” obligó al gobierno a impulsar los cambios en las leyes nacionales para adaptarlas a las nuevas exigencias mundiales, situación que repercutió severamente en las industrias nacionales, en especial en la industria farmacéutica. Bajo esta lógica, la premura del gobierno por suscribir tratados internacionales sin antes preparar y fortalecer a la industria mexicana, sumada al mayor conocimiento en materia de propiedad intelectual, a la disposición de recursos cuantiosos aplicados a la innovación por parte de las empresas trasnacionales y la falta de conocimiento e interés por la propiedad intelectual de los inventores mexicanos, ha permitido que sean los inventores extranjeros quienes posean la mayor cantidad de patentes solicitadas y concedidas en el territorio nacional. A pesar de esta situación, y al igual que sucede en el resto del mundo, cada vez se solicitan y se conceden más patentes en México, debido entre otros factores al mayor reconocimiento de los inventores de la importancia que tienen las patentes para la economía basada en el conocimiento. Este mismo interés ha incentivado a los inventores en Sonora a acercarse a los diferentes esquemas de protección de la propiedad intelectual e industrial, principalmente las patentes, cuyo número se ha incrementado sobre todo en los últimos diez años, especialmente durante el gobierno de Eduardo Bours (2003 – 2009) cuando se apoyó el patentamiento a través de programas de fondos mixtos del gobierno de Sonora y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). Aunado a esto, en esa administración también se plantearon las directrices que apuntan hacia el establecimiento de un modelo de nueva economía anclado en el uso intensivo del conocimiento. Tal y como se verá más adelante, este escenario requiere como uno de 8