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Entrada la década de los ochenta, derivado del agotamiento del modelo de sustitución de importaciones como la vía para conseguir la industrialización, la economía nacional se debilita y cae en una crisis generalizada cuyo detonador es el endeudamiento externo (Del Valle et al., 1996). En ese sentido, durante el mandato presidencial de Miguel de la Madrid (1982-1988) se empezaron a establecer una serie de reformas económicas para alejar la economía de su tradicional estrategia de desarrollo controlada por el Estado (Bracamonte y Méndez, 2011, 32). A partir de entonces el modelo económico nacional se vuelca de orientarse hacia el mercado interno a orientarse al exterior tras el establecimiento de una política económica de corte neoliberal que buscaba la inserción del país a la economía internacional globalizada. En ese contexto, la agricultura estaba sumergida en una crisis estructural que trajo como consecuencia lógica la perdida de la tan afamada autosuficiencia alimentaria y se da paso a una dependencia mayor del exterior. En el caso del extensionismo agrícola, las reformas provocaron la disolución del sistema de extensión nacional y estimularon la creación de un mercado de extensión privada en todo el país que apoyaría la ejecución de los programas gubernamentales en el nivel local (OCDE, 2011). En efecto, la política de precios de garantía que se tenía hasta 1988 se elimina partir de 1989 y éstos son sustituidos por pagos directos a los productores agrícolas. Del lado de la investigación agrícola, el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales y Agropecuarias (INIFAP) creado en 1985 fue designado en 2003 como un centro público de investigación autónomo. Asimismo, la creación de las Fundaciones Produce, instituidas en 1996, fue una innovación institucional importante. Se trata de instituciones dirigidas en forma privada, constituidas en el nivel estatal con un órgano de 64