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El tiempo posterior al incendio de la guardería, o el aftermath, puede catalogarse como una
crisis, ya que trajo consigo un periodo de inestabilidad política para algunos actores e
instituciones; para otros, el evento simplemente vino a recrudecer dicha inestabilidad.
La primera reacción después de la crisis fue de urgencia, ya que la prioridad era brindar
atención a los niños heridos, brindar apoyo a los padres y realizar una revisión de todas las
guarderías del país para determinar si algunas otras se encontraban en condiciones similares.
Posteriormente, la crisis se percibió como una amenaza. El 7 de junio, el periódico El
Imparcial, publicó una encuesta realizada a padres usuarios de guarderías subrogadas del
IMSS, donde la mayoría de los padres encuestados no se sentían seguros al dejar a sus niños
en las guarderías, pues temían por su seguridad. El 54% de los padres encuestados
argumentaba que el incendio podía haberse prevenido. Alejandra Flores (2014) argumenta
que debido a la tragedia emergió entre la población hermosillense un sentido de
“vulnerabilidad”, pues se hizo evidente la mala administración del Estado respecto a los
servicios de subrogación de las guarderías. Después, vino la incertidumbre en todas las áreas
de la crisis: en cuanto a las causas, la versión oficial no era del todo convincente; en cuanto
a la respuesta, no se advertían compensaciones claras para las víctimas, ni por parte del
IMSS ni por parte del Gobierno del Estado. Tampoco se tenía clara la forma en cómo se
imputarían las responsabilidades.
La crisis tuvo dos elementos constitutivos que difieren de otras catástrofes. En primer lugar,
la atribución de responsabilidades no sólo cayó sobre el gobierno local en turno,
perteneciente al Partido Revolucionario Institucional (PRI), sino que también se vieron
involucrados actores institucionales del Gobierno Federal perteneciente al Partido Acción
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