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Un enfoque institucionalista... los medios de producción –barcos- por lo que se veían obligados a unirse, en su mayoría, al sector privado a través de un “contrato de asociación”, que les permitía utilizar sus medios de producción compartiendo con él el recurso. Como se observó en la etapa anterior, para 1981 la pesquería ya se encontraba en su punto más alto de esfuerzo como lo establecen Rodríguez y Chavez (1996): “los contratos de asociación y el gran valor del camarón en el mercado de exportación hizo que la pesquería se sobrecapitalizara y se enfrentara, especialmente durante las últimas décadas, a un incremento en el esfuerzo de hasta 1700 barcos en 1981, sin ningún aumento paralelo a la captura, sino por el contrario, con una tendencia al decremento de los rendimientos unitarios. La primera definición del problema fue que la inversión privada en el sector hizo que se sobrecapitalizara, por lo que en 1982 se inició un proceso de transferencia de la flota privada a las sociedades cooperativas, usufructuarías del recurso, con la intención de ofrecer una solución. Pero esta respuesta, al igual que el ejido, es utilizada por el antiguo régimen de partido de estado para mantener canales confiables de control político en lugar de producir en forma eficiente y racional (Nadal, 1996). En este contexto de maximización de ganancias políticas, es impensable una reducción del esfuerzo pesquero ya que las utilidades económicas se vuelven secundarias a la utilidad que le ofreció al régimen un número elevado de pescadores asociados en cooperativas. Por lo tanto no hubo una reducción significativa en el número de embarcaciones en la actividad, aunque si se estabilizó. Es probable que esta estabilización sea producto más de las condiciones económicas del país que impedían destinar recursos para la construcción de más embarcaciones, que de la gestión del recurso que el sistema de cooperativas incrustado en un régimen de partido de estado ofreció. 42