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Desde el establecimiento del programa de maquilas de exportación en 1964, el objetivo central ha sido la atracción de inversión extranjera, la creación de empleos, transferencia tecnológica, incrementar las exportaciones y elevar la calificación de la mano de obra. De esta manera, el gobierno mexicano estableció el régimen jurídico de maquila; es decir, las empresas que se registraban como maquiladora de exportación en la Secretaría de Economía podían importar temporalmente los insumos y la maquinaria sin cubrir el pago de impuestos de importación, así como gozar de la exención del impuesto de exportación. Las modificaciones al régimen fiscal han sido muchas desde su establecimiento en 1983, lo que nos demuestra que ha sido muy cambiante hasta la fecha, en este sentido la industria maquiladora no ha sido estable en sus lineamientos fiscales y legales. Al principio sólo aplicaba a la zona de la frontera norte y las empresas estaban obligadas a exportar su producción para no competir con la industria nacional; sólo podían vender dentro del país si los insumos nacionales representaban menos del 20% en el total. En 1994 el porcentaje que podía venderse en el mercado interno pasó del 20% al 55% del valor de las exportaciones en el año (De la Garza, 2005). El TLC desapareció aranceles y restricciones a productos específicos y a partir del 2001 toda la producción de la maquila puede venderse en México (De la Garza, 2005). 2.1.1. La crisis de la maquila Durante las décadas de los años ochenta y noventa la maquila fue el sector que tuvo mayor crecimiento en la economía, con una productividad y calidad aceptables, sus productos eran competitivos internacionalmente, especialmente en Estados Unidos (De la Garza, 2005). Por todo ello, tanto los gobiernos como los empresarios y partidos políticos pensaron que la maquila era un modelo viable de industrialización y desarrollo del país. No obstante, para 49
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