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Las infiltraciones de información “escandalosa” en los medios nacionales, mediante las
cuales se le ligaba con tráfico de influencias y corrupción.
La falta de producción de significado, que lo hizo caer en incoherencias entre el discurso y
la realidad, en varios aspectos, primero en la nula impartición de justicia, la cual había
prometido por todos los medios; los resultados obtenidos de las investigaciones antes de la
elección, que claramente estaban guiadas por el Gobernador, decepcionaron a padres de
familia y una sociedad que exigía justicia. Segundo, no hubo movilización efectiva para un
acercamiento inicial directo con todas las familias afectadas por el incendio, cuando decía
que todas las familias eran su prioridad.
Ofreció a las víctimas del incendio una respuesta condicionada; el 23 de junio anuncia en
conferencia de prensa que se constituyó un fondo para las familias que perdieron a sus niños,
y para familias de niños lastimados, de 67 millones de pesos, independientemente de lo que
la justicia dictara más adelante, para tranquilidad de las familias. Sin embargo, la entrega de
este fondo se condicionó y se les dijo a las familias que para poder recibir el beneficio debían
ceder sus derechos de demandar al Estado, ya que días antes varias familias habían declarado
que demandarían a quienes resultaran responsables de la tragedia.
El escenario mediático donde, a nivel nacional, los medios de comunicación dieron mayor
empuje al marco que lo señalaba como principal responsable de la tragedia y en el conflicto
Estado-Federación, lo posicionaron como un rebelde.
Su legitimidad y credibilidad ya estaba dañada por escándalos anteriores.
Abel Murrieta, por otro lado, aunque incondicional de Eduardo Bours, no sufrió daño político
alguno; cuando el nuevo Gobernador del PAN tomó posesión en Sonora, se le ratificó de
nuevo como Procurador, posteriormente, en el 2012, se postuló para una diputación local y
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