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manera, y no se aceptan las fallas, es poco probable que se revisen a fondo los aspectos que

                  fallaron,  por  lo  que  difícilmente  se  lograrán  cambios  significativos  (Boin,  Heart,  &


                  McConell, 2009).


                  En el caso de la crisis de la Guardería ABC, ningún actor se preocupó por presentar a la crisis


                  como resultado de una política que falló, tampoco los medios de comunicación. Este hecho

                  nos indica que no estaba dentro de la intención de ambas coaliciones proponer cambios, sino


                  más bien mantener el Statu Quo. Eduardo Bours, apoyado por Abel Murrieta, fue el único

                  que habló de una normatividad insuficiente, pero solamente con el fin de librarse de la culpa,


                  pues  no  gestionó  por  cambios  a  ésta.  Quienes  en  realidad  cabildearon  intensamente  y

                  abogaron por cambios significativos fueron las víctimas, los padres ABC y no los actores

                  políticos. Los padres, desde un inicio, abogaban por que se desapareciera la política de la


                  subrogación, pero esta petición no fue factible, posteriormente lograron que el Senado y el

                  Presidente Felipe calderón, aprobaran en el 2011, la Ley General de Prestación de Servicios


                  para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, mejor conocida como la  Ley 5 de

                  Junio,  cuyo objetivo es  establecer la concurrencia entre la Federación, los Estados, los


                  Municipios  y  los  órganos  político-administrativos  de  sus  demarcaciones  territoriales,  así

                  como la participación de los sectores privado y social, en materia de prestación de servicios

                  para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil, y armonizar los reglamentos todas las


                  instituciones involucradas en la supervisión de la seguridad. Sin embargo, la resistencia para

                  aplicarla en algunos Estados ha provocado que la efectiva aplicación de esta ley a nivel


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                  nacional este “estancada”, porque sólo 9  estados de 32 en la República Mexicana, la han
                  aprobado  y  aplicado. Este hecho demuestra que los  gobiernos  estatales  no han brindado




                  56  Jalisco, Puebla, Sonora, Baja California y el Estado de México, Tabasco y Distrito Federal.

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