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Del lugar dónde se mantuvo oculto poco se supo, pero el 6 de octubre circuló una

protesta porque el gobierno transgredió la capitulación de Tuxpan, lo reaprehendieron el 19

de octubre en Zacatecas y trasladaron a Perote. Ante esto, el 8 de noviembre la junta
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departamental de Durango defendió el proceder de José Urrea por considerar que sus

acciones no eran motivadas por la codicia. Lo describieron como un personaje que

pudiendo vivir en la abundancia como los demás generales, carecía de todo por ser

generoso y aseguraban que su supuesto crimen, era compartir la opinión de los pueblos no

atendida por un gobierno central, que en 1835 recurrió a pronunciamientos para suplantar el

federalismo, por lo que: “[…] cuando su estrella eclipsó en Sonora, le dio una acogida

hospitalaria, siendo sus guardianes todos los ciudadanos y su garantía el secreto de mil: tal

es la suerte de los hombres universalmente estimados.” 162

Señalando que no alteró el orden local, marchó “bendecido” apoyado en su “opinión

pública”, qué “la gloria de México” le sería inseparable y, para prueba de ello, su

participación en el conflicto tejano, dónde se mostró valeroso y compasivo, que poseía

defectos, pero no era apego a desenfrenos cómo otros personajes, que lo calumniaban

porque era admirado aún por rivales y exigían se respetara la capitulación (ibíd.).

Asimismo, el 24 de diciembre, integrantes del ejército, burócratas y comerciantes, elevan

en ciudad de México una representación a la presidencia exigiendo la liberación de

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Urrea.

161 Urrea se encontraba enfermo e incomunicado en prisión, dónde lo acompañaba su esposa (María de Jesús Arana
Rentería) en espera del juicio sumario; en “Mariano Macedo a los Excelentísimos Señores Secretarios de la Cámara de
Diputados”; en CS, t.IV. núm.51. Miércoles 29 de enero de 1840; en HNDM.
162 “Junta departamental de Durango. 8 de noviembre de 1839”; en CS, t.IV. núm.33. Miércoles 27 de noviembre de 1839;
en HNDM.
Por su parte, Ángel Miramón criticó la pretensión de exiliar a Urrea, y desmintió a quienes lo acusaban del asesinato del
general Piedras y otros; en CS, t.IV, núm.34. Sábado 30 de noviembre de 1839; en HNDM.
163 El documento fue firmado por los generales Manuel Gómez Pedraza, José Ignacio Basadre, José María Jarero, Joaquín
Obregón, Pedro Terreros, José María Sandiez Espinosa, Pedro José Barniza, Luis Pinzón, Manuel María Villada, Antonio
Vizcaíno y Manuel Barrera; los coroneles Agustín Amat, Felipe Azcárate, Gerónimo Cardona, Manuel Reyes Veramendi

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