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Marco explicativo... 2.4 El análisis costo – beneficio y la acción del estado. Al final de nuestra hipótesis de trabajo se expresa que el estado tiene que intervenir para bien del sector, esto concuerda con las conclusiones del modelo de propiedad de las pesquerías – tragedia de los comunes-: en un régimen de pesquerías de propiedad común, y sin regulación adecuada se presentan fuerzas económicas que desembocan en una excesiva capitalización de la pesquería, intensificación del esfuerzo pesquero, sobreexplotación y hasta colapso del recurso. La reglamentación y control del esfuerzo pesquero sirve para aumentar la renta económica que de él se deriva (Warren, Griffin y Gant, 1982 citados por Nadal, 1996). El nivel óptimo de capital en una pesquería, en cualquier punto en el tiempo, es aquel planteado por el administrador del recurso (Munro, 2002) basado en la opinión de de expertos de probada capacidad técnica en un ambiente institucional que garantice que sus decisiones sean acatadas por todos los integrantes de la actividad. Estas dos características han estado sistemáticamente ausentes del régimen regulatorio de las pesquerías mexicanas, y frente a este panorama, los últimos años han sido testigo de una tendencia a la eliminación de restricciones y reglamentos en el sector pesquero, que no han dado respuesta al fenómeno de la sobrecapitalización (Nadal, 1996). Queda bastante claro que lo que se requiere no es simplemente desmantelar los sistemas institucionales, sino crear nuevas instituciones que permitan restaurar lo que hace muchas décadas se perdió: la viabilidad de desarrollo pesquero sostenible (Nadal, 1996). Ante la gama de posibilidades de intervención en la actividad, este trabajo analiza las consecuencias futuras de la política pública de redimensionamiento de la flota camaronera de alta mar en el LPM. 31