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I. Las luchas por los derechos sexuales y reproductivos para alcanzar la ciudadanía sexual La promoción de los derechos sexuales y reproductivos (DSyR) ha impactado de manera decisiva en el terreno de la sexualidad. A partir de la década de los noventa, las luchas desde el activismo y la academia por los derechos de las personas que han sido discriminadas por su preferencia sexual o de género, han sido más visibles y han permitido replantear las nociones de sexualidad y ciudadanía (Lind y Argüeyo 2009). El término de ciudadanía sexual aparece en la literatura teórica anglosajona desde hace una década, aunque poco abordado en textos en idioma español. Susana Rance, acuña el término de ciudadanía sexual con el objetivo de visibilizar las distintas expresiones de la sexualidad de mujeres, adolescentes, niñas y niños, indígenas y personas consideradas como grupos oprimidos que han marcado la pauta para que la sexualidad comience a ser objeto de debate público y político en algunos países (2001). Para Rance, no se trata solamente de aportar un título más al campo de la salud y los DSyR, sino de “legitimar las reivindicaciones en el campo sexual como asuntos de importancia e interés, no solo en la esfera personal sino también en los niveles público, estatal y global” (Ibíd). En un primer momento, la ciudadanía sexual permite comprender cómo las democracias liberales son fundamentalmente heteronormativas. Es decir, las decisiones tomadas por actores políticos impregnadas de preceptos morales, en la mayoría de los casos con argumentos de origen religioso, afecta directamente cuestiones relacionadas con instituciones sociales como la familia, el Estado, la religión, la educación, la medicina y la cultura popular (Ibíd). Tal es el caso de penalización del aborto en algunos estados del país, bajo argumentos derivados de distintas creencias religiosas. Este concepto permite desafiar las nociones tradicionales de género, prácticas sexuales e identidad sexual como cuestiones privadas, para 17
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