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importancia fueron las de: Pedro de Rivera y Villalón entre 1724 y 1728 (Ibid, 160); el licenciado Rafael Rodríguez Gallardo entre 1748 y 1749 (Ibid, 309 y 320); José de Gálvez entre 1768 y 1770 (Del Río 2000, 116-127); el marqués de Rubí y el ingeniero militar Nicolás de Lafora entre 1766 y 1768 (Moorhead 1975, 56 y 58). La visita del marqués de Rubí al septentrión novohispano coincidió con un acontecimiento que transformaría la forma de ejercer el poder en Sonora. El 27 de febrero de 1767 se emitió un decreto Real mediante el cual se expulsaba de todos los “confines del Imperio Español”, a los miembros de la Compañía de Jesús. Esta orden fue acatada por el virrey de España, Carlos Francisco de Croix (Verdugo 1994, 199), y ejecutada por tropas de los presidios (Kessell 1976, 14). Según John Kessell, esta medida surgió como parte de las Reformas Borbónicas, pues el Rey Carlos III y sus ministros buscaban eliminar el paternalismo tradicional que tenían los misioneros jesuitas hacia los indígenas de sus misiones. Las pretensiones de la Corona española eran secularizar a las misiones para conseguir que los indígenas se incorporaran a la sociedad laboral y que pagaran impuestos. Además, la autonomía que el Papa había otorgado a estos misioneros, parece haber contrastado con la nueva política, la cual buscaba centralizar el poder del Rey (Ibid, 8 y 15). No obstante, la intención de convertir a las misiones en curatos no se pudo poner en práctica inmediatamente, pues no había suficientes padres seculares, debido a que los indígenas de las misiones carecían de recursos para pagarles por sus servicios. Por este motivo se enviaron misioneros franciscanos para suplir la labor de los jesuitas (Ibid, 15). Sin embargo, los franciscanos no llegarían a tener la misma autonomía que sus antecesores, pues no tendrían a su cargo la administración de los bienes de comunidad de las misiones 57