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En cuanto a la promoción de la salud reproductiva en el país, la Ley General de salud ha establecido leyes y artículos en base a políticas establecidas por la CONAPO, con el objetivo de que los programas de educación sexual, planificación familiar y vigilancia y control de enfermedades, queden a cargo de instituciones públicas a través de programas permanentes y gratuitos, sobre los beneficios de decidir de manera libre y responsable el número y espaciamiento de los hijos, así como la edad para concebirlos (SSA 2007). En cuanto a los derechos sexuales, existen leyes que protegen los derechos de las personas con preferencias no heterosexuales, como la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Esta ley establece que las autoridades federales y órganos públicos llevarán a cabo medidas positivas y compensatorias a favor de la igualdad de oportunidades de niños y niñas (Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación 2007). Como vemos, tanto la Ley General de Salud (2007) y la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, reconocen la importancia de la promoción de una sexualidad responsable para los adolescentes, a través de programas de educación sexual y la igualdad de oportunidades de niños y niñas. La Norma Oficial Mexicana (NOM-005) tiene la finalidad de brindar servicios de información y anticoncepción a adolescentes. Como vemos, existe un catálogo de iniciativas que promueven desde el ámbito jurídico la aplicación de leyes y normas a través de instituciones públicas. Sin embargo, muchas de estas leyes y normas no son cumplidas en su totalidad para aquellos sujetos que Foucault denomina la periferia sexual: homosexuales, transexuales, lesbianas, mujeres, niños y niñas y adolescentes, a quienes la sexualidad ha sido negada y ocultada. Por tal motivo, es importante que los documentos jurídicos que han sido promulgados en México, que promueven los derechos sexuales y reproductivos de las personas, trasciendan el documento en sí, e impacten de manera decisiva en los programas enfocados a la salud sexual y reproductiva, las instituciones gubernamentales, y principalmente, que generen cambios positivos en las personas. Sin 28