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se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado el 11 de junio de 1998 , y su 17 objetivo era “lograr la liquidación de los pasivos que mantienen concesionarios del transporte público de pasaje urbano y suburbano, de forma tal que se logre retomar la viabilidad financiera necesaria para la óptima operación del servicio prestado por las unidades sobre las que se gravitan elevados pasivos, bajo el esquema de arrendamiento […]” Con este fideicomiso el Gobierno de Sonora buscaba finiquitar las deudas de los prestadores del servicio y a su vez modernizar el transporte con la adquisición de unidades nuevas procedentes de Estados Unidos. Se compraría unidades de segunda mano pero en buenas condiciones en alguna ciudad del país vecino (Moreno 2002). Lo que vendría a reforzar la flotilla existente en ese entonces la cual era de 432. De tal cantidad, 114 eran de modelo reciente. Con tal número de vehículos se brindó el servicio en 2002 a más de 300 mil usuarios (Primera Plana 2002), es decir, durante la última etapa del gobierno de Armando López Nogales (1997-2003). En Sonora en general en esa época existían “6,500 concesiones de transporte, 4,500 son consideradas lo fuerte del gremio, es decir, los taxis, camiones urbanos, dompes, y transportadores de trabajadores agrícolas” (Vázquez 2002), señalaba la prensa local. Ante este panorama las autoridades hablaban sobre la importancia de, al menos para Hermosillo, contar con un servicio de transporte más local. “Una de las promesas de campaña de (la alcaldesa) María Dolores del Río, fue precisamente la de municipalizar el transporte urbano, porque considera que el ayuntamiento es la instancia idónea para conseguir que el servicio responda a las necesidades de la población” (Espriella 2003), promesa que no cumplió. 17 Ver B.O. Número 47 Secc. III. Fecha jueves 11 de junio de 1998. 69