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de la discusión política; así, la opinión expresada en impresos entraba en competencia
directa con la palabra de autoridades e instituciones. Por lo anterior, es posible afirmar que
la opinión permitió la expansión del espacio público porque integró amplios sectores de la
sociedad a un debate en el que gobernantes y gobernados, contradictoriamente, procuraban
consumar un ideal de unanimidad que permitiera el progreso de la novel nación
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A través de la impresión y circulación de cartas, noticias, manifiestos, proclamas,
protestas, entre otros medios, tanto gobernantes como jefes militares, grupos políticos o
particulares se dirigían a la nación, a los estados, a las poblaciones, al pueblo, a las
guarniciones y a todos aquellos que pudieran sumarles poder. En estos impresos
denominados “papeles públicos”, los contrincantes políticos, identificaban al “enemigo” o a
quienes imputaban el malestar social; acto continuo, se les degradaba con planteamientos
de índole moral o jurídica para exigir la privación de su libertad, llegando al extremo de
proponer “su eliminación” (Landavazo 2001, 107, 118).
Los grupos e individuos activos políticamente, recurrían a la propaganda para
atraerse el voto de la opinión pública, aunque ésta podía ser una figura impugnable en
cuanto a ser sinónimo de imparcialidad. Así lo consideraba José María Luis Mora, quien
planteó que durante las etapas de conflicto no podía hablarse de “imparcialidad” de la
opinión pública, dado que los individuos expresaban su verdad, según la posición que
tenían en los hechos, lo que lleva a concluir a Palti:
240 Para Françoise-Xavier Guerra, ligada a la opinión se encontraba el concepto de la unanimidad que pretendían las
facciones para evitar o provocar confrontaciones. La unanimidad de opinión tuvo sus orígenes en el proceso centralizador
absolutista (Palti 2007, 171). En las prensas oficiales o particulares, ciudadanos, políticos, eclesiásticos, militares, entre
otros, insertaban columnas de opinión, con lo cual se construía una nueva percepción general de los hechos. Tales
columnas e inserciones se pagaban a los editores, quienes por disposiciones de la ley de imprenta no estaban obligados a
revelar el nombre de quienes recurrían al pseudónimo o anonimato (Hernández Fuentes 2010, 131).
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