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desarrollar nuevos procesos de producción que sean menos costosos, enfrentan varias dificultades. Por ejemplo, aventurarse en actividades de investigación y desarrollo representa un gran riesgo, debido a que se invierten grandes cantidades de recursos y muchas veces los resultados logrados no son del todo positivos; además, es probable que muchos inventores no posean los recursos necesarios para desplegar este tipo de actividades. En el caso de que estas actividades arrojen resultados satisfactorios, los inventores también pueden enfrentar complicaciones para apropiarse del fruto de su trabajo, ya que otras personas buscan imitar innovaciones exitosas y adaptarlas para su propio uso (Helpman 1993). Entonces, la creación, transmisión y uso del conocimiento en la producción serán posibles sólo si las leyes y normas que rigen la actividad económica son capaces de otorgar los incentivos adecuados a los agentes económicos. En este respecto el papel del Estado es fundamental. Por un lado debe garantizar que el sistema legal y administrativo sea transparente, eficaz, eficiente y libre de corrupción (David y Foray, 2002). La protección a la seguridad de los individuos y a las reglas de convivencia armónica por un lado, así como el resguardo a la competencia económica leal, al comercio formalmente establecido, y especialmente a la propiedad intelectual, son requerimientos esenciales para que se desarrolle una economía basada en el conocimiento. Entre estos requerimientos es de vital importancia la protección a la propiedad intelectual, ya que si los creadores no poseyeran un derecho sobre sus obras, crearían menos o posiblemente en absoluto (David y Foray, 2002). Las creaciones intelectuales son bienes que son mucho más fáciles y baratos de copiar que de producir, sin ninguna forma de derechos de exclusividad sobre las invenciones, nadie o tal vez pocos se preocuparían en innovar (Lemley 2002, 1892). Por lo tanto, resulta 30