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Contrario a la percepción generalizada entonces, su función es mucho más amplia que el simple combate al narcotráfico y persecución de la gama de delitos que integran el catálogo de conductas ilícitas a nivel federal. Entonces es importante desentrañar cuáles son los mecanismos empleados para lograr sus publicitados fines, aunque la duda a resolver, tal vez no sea lo qué se hace, sino, lo que se dice que se hace. (Arroyo, 2004: 2) La asignación de recursos y la multitud de atribuciones, así como una suplantación por otras agencias de estas funciones, obligarían a la procuraduría a hacer del conocimiento público dichas situaciones, sin embargo, se carece de instrumentos de evaluación que permitan establecer el éxito o fracaso de sus políticas, sólo valiéndose de los medios para tratar de mejorar su imagen institucional, pero ocultando su información, que teóricamente, estaría a disposición de cualquier persona. La presente administración trató de imponer la visión de que el Estado era un prestador de servicios y el gobernado, una especie de “cliente”. Entonces, la actividad de gobernar se convierte en un servicio que puede o no ser de la satisfacción del cliente. Además de las críticas que se presentaron al principio de este régimen del riesgo de imponer procesos de la iniciativa privada en los esquemas de gobierno, pero además, se abría la obligación de las dependencias de someterse a evaluaciones para medir la satisfacción de sus “clientes”. Cuando se dio a conocer el Plan Nacional de Desarrollo, dentro de las normas básicas se encontraban apego a la legalidad, gobernabilidad democrática, federalismo, trasparencia y rendición de cuentas. La transparencia y rendición de cuentas fue la respuesta inicial del gobierno ante el arraigado problema de corrupción e ineficiencia, permitiendo así a cualquier ciudadano detectar irregularidades; por lo que se obliga a los 117