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diseño de rutas, que a pesar de los intentos para rediseñar cada una de ellas de acuerdo al crecimiento poblacional y geográfico de la misma región, siguen igual que hace más de una década, sólo hubo cambios minúsculos que provocaron alargar los tiempos de espera y, lo peor para los concesionarios y operadores, un aumento en los insumos; combustible y refacciones. Del mismo modo, se muestra cómo los desacuerdos y disputas entre concesionarios de este servicio público, cuyo inicio como tal data de la década de los cincuentas, provocan que los avances en esta materia se registren con mayor lentitud, incluso, se podría hablar de retrocesos como bien lo señalan algunos empresarios transportistas de la localidad. Pensar en desacuerdos y disputas, para el caso del estudio del transporte de Hermosillo, puede ser sinónimo de conflicto. Pero ¿cómo debe ser la relación entre la entidad regulatoria, en este caso el Gobierno del Estado, y los concesionarios del transporte? ¿En qué consiste el marco legal del servicio público de transporte urbano? Lo anterior obliga a cuestionar también: ¿cuáles han sido los resultados del programa Bus Sonora? Asimismo, ¿qué reglas en uso propiciaron el conflicto y la falta de control en el servicio de transporte? ¿Qué pudiera ser modificado para mejorar el servicio de transporte? En ese sentido, la hipótesis central de este trabajo es que la implementación de reglas y normas informales relacionadas al pago del agente (concesionarios), las obligaciones de financiamiento adicionales del principal (Gobierno el Estado) y la asimetría de información sobre los costos del servicio, provocó los conflictos en el de transporte público urbano. La segunda hipótesis señala que la falta de recursos financieros en el servicio público del transporte urbano de Hermosillo, provocó rupturas en el cumplimiento de los acuerdos 4

