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En este caso se mantuvieron varios encuentros, formales e informales, con José Luis Gerardo Moreno, presidente de la mesa directiva de la empresa integradora responsable de brindar el servicio, con Víctor Alcaráz titular del Fondo Estatal para la Modernización del Transporte, con Sergio Tachiquin Pérez, Director de Administración y Control de este mismo organismo gubernamental, y finalmente con Ignacio Peinado Luna quien encabeza la Unión de Usuarios a nivel Estado. A lo anterior se le agrega la asistencia foros sobre transporte y encuentros constantes con personas dedicadas esta actividad: operadores y concesionarios en general. Una vez obtenida y contrastada toda la información se procedió a realizar los análisis que arrojarían los posibles errores en el diseño institucional y el impacto negativo que se origina por tal motivo. Asimismo se identificó la manera en que fluye la información en torno al transporte de Hermosillo y los problemas que ello ocasiona a las autoridades de gobierno y concesionarios. La estructura de este documento se encuentra dividida en varias partes. En el primer capítulo se habla sobre la importancia y aportaciones del Nuevo Institucionalismo aunado al análisis del Problema del Agente-Principal en el estudio del transporte público de la ciudad. También se realiza una descripción de los lineamientos que sirven para entender de una mejor manera el tema en cuestión. Conceptos como servicio público, transporte, concesión, financiamiento, subsidio además de tarifa, se definen y muestran el camino para un mejor entendimiento con bases teóricas que en capítulos subsecuentes se contrasta con la evidencia empírica. En el segundo capítulo se describe el marco legal que rige al transporte público en el Estado de Sonora. Primero se aborda de forma general la Ley 120 de Transporte de 1992 con el propósito de conocer la forma en la que se brindaba el servicio, por lo menos en cuanto a las reglas se refiere. Seguido de ello se describe en términos llanos la Ley 149 de Transporte 7
