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del general Santa Anna que manchó con su nombre la lista de los presidentes federales”, al
decretar en Tacubaya leyes “semi monárquicas” y “antipopulares”. 257
A partir de ese hecho, los sonorenses veían cómo sus recursos eran enviados a la
capital por “agiotistas” desinteresados por la “desnudez de los soldados presidiales”, lo que
les hacía sentirse menospreciados como mexicanos; pero consideran no ser el único pueblo
que manifiesta con energía que el centralismo provoca la infelicidad de la república. Decían
que el “conflicto público” era denunciado en Durango, Guanajuato, Puebla, Querétaro,
Oaxaca, San Luis y Zacatecas, demandando el federalismo; y por tal motivo, el pueblo
“más menesteroso […] más abandonado y desatendido”, preguntaba a la presidencia de la
república, si estaba cometiendo un crimen al pretender reintegrar sus derechos (ibíd.).
Esta proclama también está dirigida al público nacional, aunque con la modalidad
que la lanzan vecinos de Sonora, con lo cual se pretende darle un sustento territorial al
pronunciamiento de Urrea. En ella, los sonorenses y su estado, aparecen como uno más
entre otros que se han opuesto al centralismo, aunque sea uno de los más perjudicados. Es
de mencionar la denuncia que se hace de las leyes semimonárquicas y antipopulares, pues
significa un discurso propio de los federalistas radicales, heredado de las logias yorkinas,
que debatían contra la forma de gobierno monárquica y los grupos de poder económico, en
tanto que reivindicaban al pueblo trabajador. Ese tenor también se advierte en la proclama
que lanzó el teniente José Enrique de la Peña, comandante militar del distrito de Baroyeca,
el 7 de enero de 1838 en Álamos. En ella secundó a Urrea e invitó al olvido de errores
257 A la magnánima nación mexicana, Impreso firmado por Leonardo Escalante, Antonio Carrillo e Ignacio Zúñiga; en
AGPJES, RC, t.4, Arizpe, 26 de diciembre de 1837.
El texto retomaba palabras que el ministro de relaciones José María Gutiérrez Estrada empleó para criticar la pérdida de
las instituciones federales a raíz de la instauración de las Siete Leyes que impuso la administración santanista, en clara
alusión a que el régimen central contravenía a la libertad de opinión y ejercicio de autogobierno de los territorios.
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