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gobierno nacional. Josefina Zoraida Vásquez señala que en gran medida ese análisis de la
inestabilidad política y económica ha utilizado acríticamente reflexiones de Lorenzo de
Zavala, José María Luis Mora, Carlos María de Bustamante, Luis Gonzaga Cueva y Lucas
Alamán, quienes en diversos momentos se quejaron del caos político producto de los
constantes pronunciamientos. Este último acuñó la frase con la que se identificó a esta
época: “Era de las Revoluciones de Santa Anna”, de manera similar Justo Sierra caracterizó
la etapa como “caos y dictadura”. Según Vázquez, estas visiones emanan del liberalismo
triunfante de fines del siglo XIX y que permanecían vigentes en la historiografía, al
momento de escribir su trabajo (1989, 205: 1994, 9-11).
Sin embargo, hubo escritores de la primera mitad del siglo XIX, como el aludido
José María Luis Mora, que tuvieron una posición ambivalente sobre el pronunciamiento,
pues le adjudicó un viso de legitimidad si este contaba con el apoyo de la opinión pública,
entendida como la voluntad general del pueblo, en el cual residía la soberanía de la nación
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y constituía un acto necesario para remediar los males de la sociedad.
2. La práctica del pronunciamiento como expresión de una cultura política en formación
La visión historiográfica sobre los pronunciamientos se transforma cuando Antonio Annino
y Françoise-Xavier Guerra los concibieron como parte de una cultura política pactista
heredada del antiguo régimen hispánico y transformada en una competencia de soberanías
por la crisis de la monarquía hispánica de 1808 y los sucesos posteriores: liberalismo
gaditano, independencia de Nueva España, instauración de la república, etc. A partir de
entonces es posible observar a los líderes militares no sólo como dictadores desprovistos de
16 Mora considera que conspirar es resultado de la ambición de un reducido grupo o asociación secreta que recurre a la
demagogia para ejercer el acto de insurrección, que califica de criminal porque busca alterar el orden público para obtener
poder político. Advierte que todo movimiento revolucionario atenta las garantías sociales (1994a, 473-485).
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