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                  Junta de Sevilla,  el virrey José Iturrigaray accedió a llevar a cabo la junta propuesta por el
                  Ayuntamiento de la ciudad de México y  despachó la convocatoria a las capitales


                  provinciales para que enviaran su representante. Temiendo que esta diligencia podría

                  generar un paso independentista, el 15 de septiembre el  comerciante español Gabriel


                  Joaquín de Yermo de la Bárcena organizó un motín para apresar a Iturrigaray por sedición

                  y la Audiencia lo respaldó y nombró virrey a Pedro Garibay, quien ejerció acciones


                  opresivas contra el Ayuntamiento (Ibíd. 162).

                         La conspiración de los peninsulares se dirigía a la protección de intereses personales


                  de los principales oligarcas que detentaban el poder político y económico; la administración

                  que surgió del motín de Yermo de la Bárcena no representaba un movimiento popular, pero


                  en un número extraordinario de la Gaceta del gobierno, la Real Audiencia argumentó que

                  el “pueblo” se apoderó del  virrey y exigió “su separación por razones de utilidad y

                  conveniencia general” (Riva 1890, t.III, 59). Con lo cual se hacía eco del nuevo discurso


                  que se había adoptado en la península, el cual hacía del “pueblo” el sujeto legítimamente

                  capacitado para deponer autoridades.


                         Esta acción violenta contra las instituciones novohispanas propició el auge de

                  prácticas políticas clandestinas como la conspiración, en las que participaban abogados,


                  eclesiásticos, comerciantes, militares, indígenas, peninsulares y extranjeros: como la de

                  septiembre de 1809 en Valladolid, fraguada por el teniente José Mariano Michelena, que


                  debía estallar el 21 de diciembre de ese año, el objetivo era propagar una revolución que les

                  permitiera preservar “este país” para Fernando VII en caso de verificarse la derrota de






                  25  John Tutino considera que las oligarquías mexicanas otorgaron su reconocimiento a las juntas insurrectas españolas
                  debido a que Sevilla era  el centro del “comercio colonial”  porque el movimiento autonomista les permitía ejercer  el
                  control de la riqueza, siempre y cuando no se modificara la estructura comercial (1990, 104).

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