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aparición de nuevas organizaciones institucionales como la Secretaría de Marina, Policía Federal de Caminos, Secretarías de estado, todas investidas con alguna dosis de facultades para abordar el problema, nos deja clara la preocupación que genera al principal actor institucional de nuestro estudio, que es el Estado. Es por ello que el proceso de militarización de la lucha contra el narcotráfico en México es un claro ejemplo del cambio institucional dentro de las organizaciones en nuestro estudio. El cambio es dirigido por el Estado, en atención a interacciones con otros agentes, aún cuando su marco normativo interno no atribuya facultades de persecución a este actor, por lo que la manera en que se modifica esta institución (la de la investigación del delito), como dice Acosta Silva, es un cambio institucional opuesto a una estructura normativa que teóricamente rige de manera vigente el actuar de la organización, y nuevamente lo señalamos, en atención a las modificaciones derivadas del entorno institucional. Otro tipo de cambio institucional es el hecho de que el gobierno haya modificado dinámicas institucionales, tales como signar mayores recursos económicos a la lucha contra el narcotráfico, como un intento institucional de dotar de mayor capacidad de respuesta a las organizaciones encargadas de enfrentar este tipo e delincuencia. Al mismo tiempo, durante la última década han existido una serie de esfuerzos institucionales por dotar de tecnología de punta a las organizaciones encargadas de luchar contra el narcotráfico, como lo demuestran los ejemplos de compra de uniformes nuevos para los policías judiciales federales, o la adquisición de embarcaciones y aeronaves. Sin embargo, estas prácticas de renovación tecnológica son ejemplos de problemas institucionales, ya que la implementación de estas nuevas conductas dentro delas organizaciones no pudieron ser implementadas de una manera normal, presentándose irregularidades en el proceso. No todos los cambios institucionales han sido para mejorar el desempeño de las organizaciones. Como quedó demostrado en el caso de García Abrego, el hecho de entregar a un nacional mexicano a autoridades extranjeras es, por un 137
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