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Es por ello que las organizaciones de seguridad pública en México, tienen que interactuar entre ellas, en el plano interno, pero si nos remitimos a la relación México-Estados Unidos, veremos que la interacción con las agencias norteamericanas le ha dado a México información sobre la operación del narcotráfico que no disponía anteriormente, pero ha tenido que pagar el costo de dicho acceso a estos datos, permitiendo, por ejemplo, la operación de agentes estadounidenses en territorio nacional. La información cuesta, institucionalmente hablando, como lo dice Mary Douglass. De lo anterior, estamos en posibilidad de señalar que el tema del narcotráfico moldeó las relaciones entre México y Estado Unidos, cuando menos en el periodo de estudio al que nos avocamos. La internacionalización del crimen, trajo aparejada en la década de los ochenta el comienzo de las presiones por parte de Estados Unidos hacia el gobierno mexicano. El papel de jugador institucional poderoso e influyente en la toma de decisiones mexicanas comenzó a quedar de manifiesto con la operación de agentes encubiertos en territorio nacional. Con motivo de las tareas de inteligencia norteamericana en territorio mexicano, el agente de la Drug Enfforcement Agency, Enrique Camarena, es ejecutado en 1985, poniendo en su punto más álgido las relaciones binacionales entre México y Estados Unidos. Esto motivó que las presiones ejercidas por este actor institucional provocaran un parte aguas en la manera en que las instituciones mexicanas contemplan el problema del narcotráfico. Miguel de la Madrid le redefinió como una cuestión de “seguridad nacional” dejando de ser un asunto de seguridad pública. Es decir, se considera, hasta nuestros días que el tema del narcotráfico es un poder que amenaza la soberanía del Estado y su supremacía frente a cualquier otro poder, y contempla la amenaza como un ataque que puede venir incluso, desde el exterior. Ya no es, desde entonces, una clase de delincuencia, sino un cuestionamiento a la existencia misma de la autoridad 133