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ambiente institucional como un cambio institucional dirigido por el Estado, pero que se modificaron y extinguieron por su propio creador ante las presiones del mismo entorno. Un intento de respuesta desde la perspectiva institucional sería argumentar que los cambios son más aparentes que sustanciales. Los ritos de la política en materia de seguridad pública le exigían a cada nuevo presidente un rompimiento político con el anterior para verdaderamente tomar el control del país. Este rompimiento se refleja, obligadamente, en el abanico de políticas públicas que el nuevo gobierno está dispuesto a implementar. Sin embargo, los problemas subsisten, e incluso se han agravado, por lo que el cambio institucional existe, pero no es eficiente. Los actores interpretan el mundo que los rodea. Los individuos se consideran “socializados”, y es por ello que adquieren una perspectiva del mundo, aprenden las convenciones sociales con ellas construyen una forma “aceptada” de hacer las cosas; esto uniforma el comportamiento y facilita la interacción social con el resto de los actores institucionales. Los procedimientos implementados por el estado mexicano son en razón de las interacciones, de la manera en que contempla el problema del narcotráfico y realiza procedimientos que son “aceptados” por el resto de los jugadores institucionales. Emilio Sarghini señala que el cambio institucional es guiado por el Estado. En materia de narcotráfico, efectivamente, el cambio es guiado por el Estado, sin embargo, esta dirección obedece poderosamente a la interacción institucional con otros actores, es decir, no se encuentra aislado en la toma de decisiones, ya que tiene una serie de compromisos que modifican sus políticas. El fenómeno de la militarización en tareas de seguridad pública se hace latente en la lucha mexicana contra las drogas. El Ejército ha acaparado para sí multitud de funciones que otrora pertenecían a la Procuraduría General de la República. Pero, esta misma militarización también ha cambiado institucionalmente: la 136