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cambios institucionales que se dieron a lo largo de la década pasada obedecieron a una interacción de varias clases; desde el crecimiento desmedido de la delincuencia (una presión exógena de las organizaciones encargadas de la ejecución de las instituciones), así como arreglos igualmente exógenos (por ejemplo, derivados de presiones del gobierno de Estados Unidos); por lo que es necesario no sólo analizar el entorno social-institucional en que se desarrollaban las instituciones, sino, de igual forma, atribuyendo especial interés en las presiones que el entorno social ejerció en las agencias de seguridad pública mexicana. Entonces las transformaciones institucionales van de la mano con la creación de nuevas relaciones sociales y órdenes simbólicos (Friedland y Alford, 1999: 317). Es necesario, pues, la creación de cambios culturales que faciliten cambios organizacionales. Ayala señala que el éxito de las instituciones es posible apreciarlo en la medida que favorezca la cooperación entre los individuos, favoreciendo la toma de decisiones colectivas (Ayala, 1999: 74). De aquí la importancia que las instituciones hayan pasado por el proceso cognoscitivo del que hablamos con anterioridad, ya que al ser constructos sociales “consensados” permiten la optimización de la actividad social, aunque, al mismo tiempo, señalan límites al comportamiento que impedirían virtualmente introducir ajustes institucionales que permitan la mejora de dichos cuadros normativos. Para North, la eficiencia de las instituciones está basada en la competencia entre las mismas. Dentro de la corriente del nuevo institucionalismo económico, North considera primordialmente a las empresas como organizaciones, y sus instituciones están en competencia. Su argumento nos es útil para entender que las instituciones estatales de seguridad pública compiten directamente con las instituciones que establecen las organizaciones delictivas. Prevalecen, desde 43