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Existen autores que sostienen que el cambio institucional es guiado por el Estado. Si el cambio de las instituciones, en materia de gobierno, tiene como objetivo el optimizar la función del mismo Estado; luego entonces, este cambio debe ser (en la mayor de las veces) inducido por el Estado (Sarghini, 2000: 42). Sin embargo, creemos que en algunas instituciones, específicamente en materia de seguridad pública, otros agentes sociales han dejado sentir su influencia en el cambio institucional y organizacional, tal como la sociedad civil, grupos de víctimas, gobiernos extranjeros, entre otros. Podemos decir entonces, que el Estado implementa formalmente el cambio en sus agencias, pero como el resultado de la interacción de agentes que juegan un rol interactivo, aún fuera de las filas del aparato estatal. Friedland y Alford, del mismo modo, comentan que el éxito de cualquier tentativa de cambio institucional dependen de la naturaleza del poder así como de las reglas institucionalmente específicas por las que se producen, asignan y controlan los recursos (de las instituciones) (Friedland y Alford, 1999: 321). Ellos mismos nos dicen al referirse al cambio institucional que cuando se presenta éste, las personas o las organizaciones se movilizan para defender los símbolos (o conductas previamente institucionalizadas) de las consecuencias del cambio por la entrada de nuevas instituciones. Varios autores (Douglass North, Mary Douglass, Powell y Di Maggio) coinciden que previo al cambio institucional, es indispensable que exista cierta clase de “estabilidad”, por lo que podemos pensar en una estabilidad dual: por una lado, la estabilidad que se necesita dentro de la institución; que haya sido legitimada y que haya pasado por los procesos cognoscitivos que refiere Douglass, es decir, que la institución esté estable dentro de la organización que la practica o dónde se desarrolló, y al mismo tiempo, sea estable en la sociedad donde tiene su lugar la organización y la institución. Las prácticas de las 39

