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Este es una de las graves responsabilidades que juegan las instituciones en cualquier sociedad del mundo, con su “capacidad de introducir nuevas reglas de comportamiento y conducción” (Acosta, 2002: 27), e implica la construcción de múltiples combinaciones de poder, lo que podemos llamar como el “poder institucional”: la capacidad que tienen las instituciones de movilizar y transformar, así como acomodar el poder humano dentro de las organizaciones y producir una repercusión conductual en la sociedad donde se encuentran. Pensemos en la institución “elaboración de leyes” en nuestro país. Anteriormente, se consideraba como origen de las iniciativas de ley que se ventilaban en los Congresos (primordialmente el federal), la voluntad del jefe del Ejecutivo. Sin embargo, había un agente dotado de poder que era ignorado y que no hacía uso activo de dicho empoderamiento; la sociedad civil. Se gestó un cambio en el seno de la sociedad mexicana; ahora, ya no se pueden hacer leyes que alteren de frente a la sociedad, bajo la amenaza de que el Estado lidiará con la desaprobación popular, lo que genera una imagen negativa en el exterior, y que a su vez trae consecuencias de otra índole. Pero el cambio institucional en materia de seguridad pública relacionada con el narcotráfico, creemos que es explicada por Rodolfo Javier Vergara Blanco, quien al abordar el tema del cambio institucional señala: “...un intento de respuesta desde la perspectiva institucional sería argumentar que los cambios son más aparentes que sustanciales. Los ritos de la política priísta le exigían a cada nuevo presidente un rompimiento político con el anterior para verdaderamente tomar el control del país. Este rompimiento se refleja, obligadamente, en el abanico de políticas públicas que el nuevo gobierno está dispuesto a implementar”. (Vergara, 2000: 2). Otro aspecto relevante dentro del análisis del cambio institucional es el saber el ritmo al que cambian las instituciones. El problema mayor es saber que en materia de instituciones, el cambio no se percibe sino hasta que se ha dado (Díaz Pérez, 2002: 67). Para lograr determinar el ritmo con el que se modifican los marcos institucionales, se deben considerar las relaciones existentes entre las organizaciones y el ambiente que las rodea. En materia de seguridad pública, los 42