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Primeramente, vale la pena citar una descripción sobre el sistema político novohispano realizada por Octavio Paz, en donde explica que la “Nueva España era una sociedad en la que el [virrey] consideraba al gobierno como su patrimonio privado y a los funcionarios como sus servidores y familiares.” Situación que atribuye al hecho de que este “virreinato reproducía las características y las estructuras políticas de la metrópoli, acentuadamente patrimonialistas”. En relación a esto menciona que en los gobiernos patrimonialistas los diferentes grados de mando podían estar bien consolidados, y aun así, estaban siempre sometidos a la buena o mala voluntad del soberano (Paz 1994, 240). Cabe mencionar que el gobernante concedía “mercedes” a sus “súbditos”, las cuales representaban “prestigio” y “poder”, pero que también se consideraban “bienes materiales”. Los “favores” por parte del soberano algunas veces consistían en la concesión de cargos públicos. Sin embargo, estos nombramientos también “podían comprarse, ya sea directamente a la autoridad o, más frecuentemente, por intercesores como los válidos y protegidos” (Ibid). No obstante, el mismo autor hace la aclaración de que no se trataba de “tráfico de influencias”, pues asevera que “la moral de la época no encontraba reprobable comprar un empleo” (Ibid, 241). En relación con esto, agrega que fue hasta la creación del Estado moderno, cuando se comenzó a considerar “inmoral” esta práctica. Como ejemplo expone el caso del duque de Veragua, pues asegura que este personaje compró el cargo de virrey de la Nueva España (Ibid, 240). Ahora bien, respecto a los nombramientos de los gobernadores de las provincias, se puede decir que en teoría estaba prohibida la venta de estos cargos, pues como lo indica Antonio Dougnac Rodríguez, dentro de la Recopilación de leyes de los reinos de las Indas, 110