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Conclusiones El periodo 2009-2012 dentro del servicio público de transporte urbano de Hermosillo, Sonora, registró importantes cambios en su marco normativo, en la manera de administrar y también en la operación de la empresa concesionaria. De igual forma, fue testigo de la incorporación del Gobierno del Estado en la prestación del servicio al comenzar a operar en las calles él mismo los vehículos de la Ruta 18. La decisión que tomó el Gobierno del Estado en convertir al transporte urbano en un servicio público subsidiado, detonó una serie de complicaciones que con el paso del tiempo hizo más compleja la situación. En ese sentido, la primera conclusión que se desprende de esta investigación es que el subsidio y las fallas en la entrega de los recursos por concepto del mismo, fue la parte fundamental dentro del conflicto entre Gobierno del Estado y los concesionarios durante en el periodo de 2009 a 2012. El motivo de esto fue que dentro del diseño institucional que las autoridades de gobierno en conjunto con la empresa concesionaria diseñaron e implementaron, se omitió el señalamiento de fechas y formas de entrega de los recursos por este concepto, lo que se interpreta como un error en la delineación de la política pública. Además, el Gobierno del Estado de Sonora fue impreciso en la medición de impactos económicos/financieros con la decisión del subsidio, en ese sentido, en ninguna reforma, acuerdo o decreto, se estipula de manera concreta las fuentes de financiamiento para poder solventar los egresos producto del transporte subsidiado, lo que obligó a la autoridad a utilizar argumentos relacionados a la falta de recursos económicos como medida de evasión de pago a los concesionarios. Es así como la decisión de implementar la figura del subsidio en el servicio público de transporte urbano provocó que el Gobierno estatal se viera en la necesidad de reestructurar 147