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Cabe destacar que el sistema de reglas formales vigentes hasta 2012 en el servicio público de transporte urbano arrojó resultados distintos a los esperados por los usuarios y por las autoridades gubernamentales. Además amplió el poder político/económico de los concesionarios frente al Gobierno de Sonora, a quien presionaron bajo la amenaza de paralizar labores ante el incumplimiento de pagos por subsidio y entrega de apoyos. En ese sentido, debió ser el Gobierno quien exigiera a los concesionarios un mejor servicio, pero cómo hacerlo en un escenario en el que ninguna de las partes cumple con sus funciones establecidas en la legislación, ni el Principal asume su papel mucho menos el Agente, ante la falta de autoridad, cumple con lo que le delega el primero. Lo anterior, muestra cómo en el servicio público de transporte urbano de Hermosillo, existe un problema de Agente-Principal. El concesionario del transporte durante 2009-2012 mantuvo un comportamiento en el que los intereses propios figuraron en todo momento, lo que significa una conducta distinta a la que el Gobierno del Estado buscaba obtener. Para las autoridades gubernamentales fue complicado realizar una valoración de las actividades de la Sociedad Integradora y Concentradora del Transporte Urbano debido a la falta en la entrega de registros relacionados a cada una de las tareas, es decir, se presentó una asimetría en la información sobre las acciones diarias que realizó la empresa durante los tres años. A pesar de ello, el Gobierno careció de estrategias que lograran un mejor flujo de la información, lo que le hubiera ayudado a mejorar el diseño institucional, lo que a su vez impactaría en el desarrollo de los programas e iniciativas relacionadas a la modernización de los sistemas de transporte. En definitiva, lo que se debe hacer a corto plazo en la Dirección General de Transporte y en el Fondo Estatal para la Modernización del Transporte, es buscar alternativas para lograr una igualación en el acceso a la información relacionada al 145