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Cuando  el  rebote  hacia  Protección  Civil  no  se  pudo  sostener,  en  parte  gracias  a  los

                  argumentos  antes  mencionados,  este  paso  hacia  las  “negligencias”  de  la  Secretaría  de


                  Hacienda, pero el único nombre que se mencionaba era el de Eduardo Bours.






                  4.2.4. El rebote hacia el Gobernador del Estado de Sonora




                  El 13 de junio, el Procurador General de la República declaró que “la certeza de negligencia

                  en la tragedia había quedado acreditada”, pero no especificaba exactamente de quién. Esta

                  negligencia fue precisamente el argumento para desviar la responsabilidad al Gobierno del


                  Estado,  apoyada  por  la  Federación.  El  rebote  inició  con  una  demanda  al  declarar

                  públicamente la responsabilidad de la Secretaría de Hacienda y los dueños. Daniel Káram


                  anunció el 21 de junio que establecería una demanda por responsabilidad civil contra la

                  Secretaría de Hacienda y los dueños de la guardería que habían omitido cumplir con las


                  medidas de seguridad que les habían sido señaladas por el IMSS. El argumento para dirigir

                  la responsabilidad se basaba en las causas y fue el que se utilizó para enmarcar la tragedia.



                  A  partir  de  ahí,  todos  los  instituciones  de  la  coalición  PAN  apoyaron  el  marco  de  la

                  negligencia.  Eduardo  Bours  argumentó  que  la  demanda  del  IMSS  era  necesariamente

                  decisión del Presidente de la República, lo que desató una guerra de declaraciones con el


                  Secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont. Los medios de comunicación dieron un

                  puntual seguimiento al enfrentamiento. Bours se defendía argumentando que la demanda era


                  una cortina de humo para ocultar el fracaso de las políticas y la crisis económica. El rebote

                  terminó en una ruptura en la relación con la Federación y la atracción del caso por parte de


                  la PGR, justificada por cuestiones de diferencias entre las dos procuradurías y porque el


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