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Las autoridades políticas principales que promovieron pronunciamientos fueron

jefes políticos, prefectos, jueces de paz, regidores, alcaldes, síndicos, entre otros; en el caso

de las guarniciones (generales, coroneles, tenientes, capitanes, alférez y tropa con orden de

intervención según el rango), de hecho, en concordancia con su función, las guarniciones

eran una fuerza armada a disposición del pueblo, de la nación y el bienestar de los

ciudadanos. Aunque la mecánica del pronunciamiento era una práctica que conservaba

valores del antiguo régimen dónde el espacio social era jerárquico, los involucrados

ejercían un derecho de petición e igualdad de circunstancias, es decir, las opiniones eran

respetadas.

Los pronunciamientos eran una práctica dinámica, versátil y fluida en la que

tomaron parte amplios actores de la población. Individualmente, los planes federalistas

poseían particularidades afines a determinados territorios. El análisis de actas dejó entrever

que el proceso de elaboración de un acta de adhesión o de rechazo estaba determinado por

el contexto del lugar; por ejemplo, las poblaciones asoladas por las “tribus bárbaras” e

invasores extranjeros, como fue el caso de la frontera norte, compartían la solicitud de

administrar autónomamente sus recursos para organizar la defensa.

Respecto a las similitudes o diferencias entre los pronunciamientos federalistas en

general y los de Sonora, se puede señalar que en particular compartieron la dinámica del

resto de los pronunciamientos, no se diferenciaron de manera sustancial. Esto ocurrió

porque formaban parte de una cultura política, en la cual el discurso que permeaba en la

nación era compartido. Pero, debemos señalar que en la legitimación del pronunciamiento

sonorense se expresó el peso de lo provincial, es decir, en los argumentos que justificaban a

las acciones del movimiento político, estuvo muy presente la oposición entre la periferia y

el centro.

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