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“…las partes que intervienen se involucran en contextos institucionales que permiten nuevas negociaciones y compromisos entre los jugadores que se mueven dentro de las instituciones” (North, 1993: 118). Los actores institucionales de la seguridad pública en México, movilizan sus recursos y realizan sus actividades en un “ambiente institucional”, recreando lo que para nosotros es un “juego institucional”, donde ponen en juego sus recursos, y en su caso, el empoderamiento que le otorga el aparato estatal a cada una de las instituciones encargadas de la seguridad pública en México en esta interacción a la que hacemos alusión, centrándonos en el tercer capítulo a la descripción de dichas interacciones. Como ya lo citamos, dentro del cambio institucional, uno de los conceptos indispensables para que exista este cambio es la figura de la organización. Para North, los cambios institucionales se dan en el marco de la actividad cotidiana de las organizaciones, es decir, se “aprende haciendo”, ya que la organización adquiere aptitudes de coordinación y crea rutinas que funcionan como consecuencia de la interacción repetida (North, 1993: 100). Es algo lógico el entender que la primera fase del cambio institucional se dé en el seno de las actividades cotidianas de la organización; todo el comportamiento humano está encaminado a maximizar el trabajo con la premisa de “mejores beneficios, menor esfuerzo”. Podemos decir, que la primera fuente del cambio, es la práctica, derivada de las interacciones organizacionales. Por ello es que México comenzó la utilización de agentes químicos como el “Paraquat” para destruir plantíos en la década de los 70’s, perfeccionando el empleo del químico en el país. Por ello es que junto con las organizaciones, otro concepto, es el conocimiento. Generado por la avidez de conocimiento técnico y especializado por parte de las organizaciones dentro de su práctica cotidiana, es mejor conocido como el “cambio tecnológico”, que forma parte importante del “cambio institucional”. Pensemos en las técnicas que han tenido que implementarse para la detección de enervantes en México; las políticas de intercepción pasaron de 37
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