Page 90 - ::El Colegio de Sonora :: Repositorio Documental ::

veracidad, a los agentes políticos por su relación con las organizaciones delictivas (Resa, 2002: 12). Estados Unidos tiene presos más jóvenes por delitos relacionados por drogas (aproximadamente dos millones) que estudiantes en las universidades (Fernández, 2001: 21). Ese país tiene la creencia que al desarticular las bandas delictivas se disminuirá la oferta de droga, y consecuentemente, la demanda. Sin embargo, su fuerza como actor institucional se centra en la posibilidad que tiene de modificar el entorno en que se desempeñan otras instituciones, por ejemplo, su poder económico sobre países “productores” de droga (como Colombia y México, por citar dos casos) y la amenaza de condicionar apoyos materiales a estos países, hacen que los marcos institucionales de los actores sojuzgados se modifiquen en razón del interés del agente fuerte y las decisiones no sean encaminadas a terminar con el problema de fondo (que en este caso, es la demanda del adicto norteamericano), sino a enfrenar la producción. Cuando Vicente Fox fue elegido presidente de la República (julio de 2000), su equipo de transición llegó a llamar al problema del narco como “...una cuestión “simplemente policial, donde el Ejército no debía seguir participando de manera tan incisiva ya que no representaba una cuestión de seguridad nacional”, Con ello, la alerta sonó inmediatamente en Washington. En diferentes ocasiones antes de que tomara la presidencia, Fox se entrevistó con funcionarios estadounidenses, quienes rápidamente le hicieron ver la realidad de la “cooperación” México-Estados Unidos. El resultado fue que se decidió que el Ejército estuviera vigente en México contra la droga, tan así que el mismo Procurador General de la República fue un general del Ejército mexicano, Rafael Macedo de la Concha (Fernández, 2001: 26). El nombramiento de Macedo puso fin a 100 años (1900-2000) donde el procurador general era abogado emergente de la vida civil, un militar ocupaba el cargo. El primer argumento en contra del nombramiento fue el hecho de que en el sexenio (de Ernesto Zedillo) que estaba 90