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La militarización es un tema pendiente de análisis a fondo en la agenda de investigación en materia de narcotráfico en México. Si bien hemos comprobado durante esta investigación que el acceso a la información en este tema es sumamente limitada y restringida, cuando se trata de investigar el actuar del Ejército es todavía más limitada dicha información. Su participación en estas tareas genera controversias incluso jurídicas de saber si está facultado para ello: investigación, evaluación, diagnóstico y operación. Su función está limitada a garantizar la seguridad interior, entonces habría que discernir primero, si el narcotráfico es cuestión de seguridad interior. Quienes se oponen a la referida militarización, argumentan que el soldado está entrenado para obedecer, mientras que un policía está capacitado para indagar y utilizar la suspicacia como su mejor herramienta de trabajo. El mismo equipo de transición de Vicente Fox, realizó un diagnóstico del Estado que se encontraba la PGR al finalizar el sexenio 1994-2000: se recibía una Procuraduría “descompuesta por dentro y desprestigiada por fuera, penetrada por el narcotráfico, con elevados índices de ineficiencia y sumida en una aguda crisis 46 política” . Se propuso la desaparición misma de la Procuraduría que sería reemplazada por una Fiscalía General de la Federación, con un esquema que permitiera procesos más limpios y trabajo policial apoyado en bases científicas, donde los militares no tuvieran cargos de mando; el Ejército sólo tendría funciones de apoyo. Hoy sabemos que este proyecto no se llevó a cabo. La transformación institucional antes planteada, buscaba romper con los esquemas de corrupción que habían sido acusados por la prensa en años anteriores. Los diagnósticos del equipo de transición nos dejan ver que los actores institucionales, como por ejemplo la presidencia de la República, toman sus decisiones en razón de la cantidad de información que tienen a la mano, junto con el ambiente institucional que influencia la aplicación de las políticas de seguridad pública. Como 46 Proceso no. 1247, p. 22, 24 de septiembre de 2000. 92