Page 95 - ::El Colegio de Sonora :: Repositorio Documental ::

Caminos. Ambas corporaciones también tienen participación en la lucha contra el narcotráfico; y junto con la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional, son las agencia de seguridad nacional que se coordinan con al Procuraduría General de la República en esta tarea. Como dice Rivas Leone, la mayoría de los actores institucionales dentro del nuevo institucionalismo, son actores formales, es decir, organizaciones creadas en razón de preferencias institucionales (en este caso, del Estado mexicano). Con ello, la aparición de nuevas organizaciones, da un matiz diferente al entorno institucional. En la medida que aparecen nuevos actores institucionales, el ambiente descrito cambia. Otra dimensión de la seguridad pública-narcotráfico es la “cooperación internacional” en el gobierno foxista. Como lo hemos dicho con antelación, México no cuenta con alguna instancia gubernamental que prepare el trabajo de inteligencia contra la mafia de los estupefacientes, salvo una unidad del Ejército, por lo que se depende en gran parte, de los informes del gobierno norteamericano. Esto refleja el hecho de que el trabajo de inteligencia por parte de los tomadores de decisión en México y su relación con el narcotráfico es un tema pendiente dentro de la agenda de reestructuración de los organismo gubernamentales, ya que no se cuenta con áreas específicas dentro del esquema administrativo mexicano que se encarguen directamente de elaborar informes de espionaje, tal y como los que se hacen por las organizaciones norteamericanas. Aproximadamente una centena de agentes de la DEA se encuentran operando con libertad en territorio nacional: compran información, contratan informantes se infiltran en organizaciones criminales e interceptan 52 comunicaciones . Trece años antes, en 1992, el gobierno de Salinas suscribió un convenio en virtud del cual los agentes de la DEA sólo sirvieron de enlace para intercambiar información con las autoridades mexicanas, cambiando con ello el paradigma que imperaba en el gobierno mexicano de impedir la operación de policías extranjeros en México, buscando con ello, tener información con la que no 52 Proceso no. 1357, p. 23, 3 de noviembre de 2002. 95