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Esta propuesta busca integrar la legitimación social y jurídica de diferentes identidades y prácticas sexuales, así como el reconocimiento de las sexualidades y géneros diversos que cambian en forma dinámica en diferentes tiempos y contextos de la vida de cada persona (Ibíd). Los adolescentes son uno de los grupos sociales en quienes la sexualidad se ha deslegitimado al no desarrollarse dentro del ámbito matrimonial. El concepto de ciudadanía sexual nos permite reconocer social y jurídicamente la capacidad de agencia que tienen los adolescentes frente a su sexualidad, así como visibilizar y erradicar los estereotipos que se han construido alrededor de su significado. El problema con los derechos sexuales radica en su definición como apreciaciones de orden jurídico y conceptual, más que estar integrados a las prácticas cotidianas de los individuos. Aunque los elementos que obstaculizan la enunciación y promoción de los derechos sexuales y reproductivos continúen vigentes, es necesario remitirnos a las subjetividades, a las prácticas individuales de los agentes que a través de mecanismos de resistencia y negociación, basados en sus necesidades, permiten la construcción de ciudadanía. La ciudadanía sexual, definida como tal, se presenta como un proyecto utópico debido a los estructurantes sociales de orden económico, político y religioso necesarios para su apropiación y ejercicio. No obstante, existen condiciones de posibilidad en el plano de las prácticas individuales que permiten la construcción de ciudadanía sexual, las cuales están ligadas a la producción de experiencias y significados de los adolescentes. Los agentes sociales cambian constantemente sus prácticas y sus interpretaciones personales, sin emprender acciones colectivas, esto último es lo que Ortiz Ortega (2004) reconoce como una ciudadanía relativa que emerge entre las prácticas sociales de los agentes, aunque no alcance aún una fundamentación jurídica. 51