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CONCLUSIONES Y REFLEXIONES FINALES




                  Cuando  recién  sucedió  el  incendio  de  la  guardería,  los  líderes  y  los  actores  políticos  se

                  preguntaban por qué un accidente se había convertido en una tragedia; cuestionaban por qué


                  un evento que debió haber sido controlado sin mayor percance, había alcanzado  uno de los

                  saldos más trágicos en la historia de México. Hoy sabemos la respuesta, el saldo trágico


                  obedeció a dos factores principalmente: primero, las fallas en la supervisión de las medidas

                  de  seguridad  de  la  Guardería  ABC  como  producto  de  las  deficiencias  del  sistema  de

                  evaluación  del  IMSS  a  las  guarderías  subrogadas,  y  como  producto  también  de  las


                  deficiencias de las inspecciones a las guarderías por parte de Protección Civil.



                  Segundo,  porque  la  bodega  de  la  Secretaría  de  Hacienda  no  contaba  con  absolutamente


                  ninguna medida de seguridad, producto del incumplimiento de funcionarios de la Secretaría

                  de Hacienda, ante la obligación  de solicitar una inspección  a Protección  Civil  Estatal,  y


                  producto de las deficiencias en el sistema de inspección de inmuebles de esa misma unidad.

                  Estos factores hacen del incendio de la Guardería ABC producto de decisiones incorrectas y

                  de una incompleta aplicación de las leyes. Por lo tanto, es un evento eminentemente político;


                  no es en ningún caso un evento fortuito.



                  Lamentablemente, ningún líder político implicado o no implicado en la responsabilidad lo

                  reconoció así, nadie aceptó sus propias fallas o las de sus instituciones, por el contrario, a


                  través  de  los  esfuerzos  por  ocultarlas,  buscaron  ante  todo  librarse  de  la  culpa  y  la

                  responsabilidad. Esta decisión de librarse de la responsabilidad estuvo motivada ante todo


                  por un contexto electoral, que predecía costos no sólo en la votación, sino también en la

                  legitimidad de ciertos líderes políticos, si se aceptaban las fallas.


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