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los médicos deberían informar al jefe de manzana para que lo comunique a la prefectura; 2)

                  los cadáveres deberán sepultarse antes de cumplirse doce horas de su fallecimiento; 3) los


                  dueños de casas y solares estarán obligados limpiarlos en el exterior; 4) “mientras dure la

                  invasión de la viruela, las basuras serán quemadas en horas de la noche”, para esto se ofrecían


                  facilidades a través del uso de carretones públicos; 5) se prohibió el consumo de agua del río

                  Tamazula y se destinó el río Humaya para este uso, eliminando la posibilidad de lavar ropa


                  en éste; 6) se prohibió la matanza de animales en las casas y se confirmó que ésta debería

                  hacerse en las orillas de la ciudad, “limpiando sus campos y tirando los desperdicios en

                  despoblado para que no ofenda por la fetidez”;  y finalmente 7) las autoridades en cuyos


                  distritos se desarrollara la enfermedad, deberán obligar a los habitantes a aplicarse el pus

                  vacuno. Dichas recomendaciones contemplaban sanciones económicas y corporales, pero el


                  texto  de Rafael Valdés  (1991, 123-125)  no indica  cuáles  eran. Aun así, este documento

                  permite identificar dos ejes de acción: uno que ataca directamente a la enfermedad, a través


                  de la aplicación del método preventivo, y otro que busca regular el ambiente para asegurar

                  condiciones higiénicas que eviten la propagación de otras enfermedades (aunque no se indica


                  la relación entre las acciones y sus beneficios) y controlar a los enfermos por medio de su

                  plena identificación y consecuente separación de las personas sanas.


                         De  regreso  al  caso  de  Sonora,  en  la  Memoria  del  Ayuntamiento  Provisional  de

                  Hermosillo de 1878, el presidente municipal, Florencio Monteverde, informó acerca de los

                  distintos ramos de la administración pública de esta demarcación. El documento resalta las


                  dificultades  enfrentadas  para  sostener  el  Hospital  Civil;  aunque  se  tenía  asignado  un

                  presupuesto público, la falta de pago por parte de los señores Astiazarán (quienes dejaron de


                  cubrir los intereses del capital del legado Tato) provocó que un espacio clave para atención

                  de los problemas de salud y la distribución de la vacuna se encontrara en un estado “precario


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