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estaba “perfectamente establecida” en México, por lo que la viruela ya no representaba un

gran peligro para la sociedad. Sin embargo, se debían seguir implementado medidas

enérgicas, sobre todo cuando la peste estaba próxima a aparecer una vez más. Dichas medidas

estaban encaminadas a imponer penas a los que no cumplieran con el precepto constitucional

y a obligar a los padres a vacunar a sus hijos pues “el gobierno había multiplicado los lugares

en que se practicaba la operación de la vacuna, estableciendo para ello, las horas más

cómodas, y sin embargo, los resultados no eran tan satisfactorios, como se esperaba, de esa

continua e infatigable propaganda”. Finalmente, concluyó Francisco Patiño, se debe buscar

el bien de la humanidad, pues “el hombre tiene libertad para todo, menos para suicidarse y

contagiar a los demás”.

La distribución del pus vacuno transita por las vías del poder, es decir, se realiza de

forma inequitativa. La llegada de los 50 tubos y los mecanismos para su distribución

corroboran esta peculiaridad. Se remitieron cuatro tubos a ocho de los nueve distritos de

Sonora. Es decir, 32 tubos viajaron a las distintas cabeceras distritales (las ciudades de

Álamos, Guaymas, Arizpe, Ures y las villas de Sahuaripa, Moctezuma, Altar y Magdalena)

y 18 permanecieron en la ciudad de Hermosillo, cabecera del distrito del mismo nombre y

capital del Estado, para reservar o asegurar la vacuna a determinadas personas o sectores en

la misma localidad. El expediente acerca de la distribución del pus sólo refiere dos solicitudes

extras, la de Altar, que fue atendida con tres tubos más y la de Ures, que fue negada por la

presunta inexistencia de éste. Resumiendo, a partir de las evidencias documentales se puede

anotar que 15 de los 50 tubos recibidos (30%) fueron aplicados en Hermosillo, el centro del

poder político estatal.

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