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El servicio público de transporte urbano de la ciudad de Hermosillo: Análisis de los procedimientos administrativos de la concesión 1982 - 2004 deficiente o que las unidades carezcan de los requisitos mínimos de seguridad, comodidad e higiene y vida útil para la prestación del servicio”. Luego entonces tenemos que la responsabilidad de cancelar concesiones recae en el Ejecutivo del Estado. Por lo que concierne a los Presidentes Municipales, éstos carecen de dicha facultad y no les queda más que cumplir las decisiones del ejecutivo respecto del procedimiento de cancelación de concesiones. “El procedimiento de cancelación se iniciará de oficio o a petición de parte interesada… y culminará con la resolución que pronuncie el Ejecutivo del Estado”. Uno de los puntos sobresalientes en el presente ordenamiento legal es que se faculta al Ejecutivo del Estado para que éste se haga cargo del servicio público de transporte de manera definitiva cuando así lo exija el interés social. En leyes anteriores no se especificaba con claridad a quién compete el orden y regulación del transporte en caso de conflictos de orden público. Satisfacer las necesidades transitorias de transporte público cuando así lo exijan y soliciten los usuarios y los concesionarios es otra de las disposiciones contenidas en la Ley 76 de transporte que complementan su estructura y organización. El hecho de reglamentar la expedición eventual de permisos del servicio público de transporte para satisfacer las necesidades de traslado de los usuarios, nos habla de la importancia que representa el servicio de transporte en la sociedad, asimismo, nos permite inferir sobre el crecimiento de usuarios en la demanda del mismo. Si bien la idea de cubrir la eventualidad de necesidades de pasaje representa un buen avance en materia de atención al usuario, propicia un círculo vicioso en el gremio de concesionarios ya que se benefician a cierto grupo de poder cercano a los intereses del gobierno. 61