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Nuestra postura respecto a la relación entre organizaciones mexicanas y estadounidense, no es la de evidenciar la descomposición de los actores institucionales mexicanos por la corrupción y exaltar, por otra parte, la inmunidad de los norteamericanos a este problema. Sólo pretendemos dejar en claro que los servicios norteamericanos de inteligencia proveen información respecto a los problemas de los estados donde operan sus redes de información. Prueba de ello es que las organizaciones delictivas mexicanas se encargan, en su mayoría, sólo de introducir enervantes a Estados Unidos, pero existen redes delictivas en nuestro vecino del norte, que nos permiten establecer que el gobierno norteamericano adolece de los mismos problemas que México, por lo que el fenómeno es compartido, pero no difundido en la misma medida. El caso de Gutiérrez Rebollo, nos habla de la construcción de un poder estatal paralelo: un poder que es protegido desde la esfera “lícita” del Estado, llegando a manejarse incluso que existe cierta clase de pacto entre el gobierno y el narcotráfico en México. Para ello, informes de la DEA señalaban la urgencia de una “colaboración más estrecha” entre los dos países para mejorar la eficiencia 38 del combate al narco . Hemos visto que el narcotráfico era visto como el problema a combatir, sin embargo, en este momento podemos considerarlo como un actor organizacional con la suficiente organización y capacidad para realizar constructos organizacionales e intentar la modificación del entorno para así, interactuar con otros actores institucionales. La Procuraduría General de la República fue el blanco de descalificaciones al gobierno de Zedillo. Desde el nombramiento de procurador proveniente de la oposición. Sin embargo, escándalos como la compra de testigos en el juicio seguido contra del hermano del ex presidente Salinas, así como acusaciones del empleo de métodos contrarios al respeto a los derechos humanos, donde la prensa nacional e internacional, quienes dieron seguimiento a la noticia, 38 Proceso, no. 917, p. 28, 30 de mayo de 1994. 84