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institucional, encontrando una manera de adecuar su estructura legal a las presiones derivadas del ambiente institucional. Del mismo modo, se trató de dar continuidad a las políticas de seguridad pública, como lo fue el gradual empoderamiento del Ejército en materia de narcotráfico, aumentando el catálogo de funciones en esta materia. Los retenes carreteros, operativos de destrucción de plantíos, por ejemplo; así como acciones de índole legislativo para modificar el marco institucional. Sin embargo, el primer gran cambio con respecto al gobierno salinista fue el nombramiento del Procurador General de la República a Antonio Lozano Gracia, militante en activo del principal partido de oposición de la época, el Partido Acción Nacional, en un intento de redefinir la imagen institucional de la Procuraduría, dando la apariencia de mayor independencia del ejecutivo federal y de la tradición histórica que dictaba que los secretarios de despacho a nivel federal, donde el presidente escogía su gabinete de entre las personas políticamente más cercanas a él, en el entendido que el puesto de procurador representa en sí la capacidad del Estado mexicano para perseguir los delitos, incluso, aquellos cometidos por los mismos 34 funcionarios estatales . Sin embargo, a pesar del maquillaje que se le pretendía dar a las organizaciones para reforzar su imagen, las consecuencias fueron diferentes a las esperadas, tal como lo ilustrará el ejemplo del general Gutiérrez Rebollo y el CENDRO. Al frente del CENDRO, organización de la que se esperaba jugara un papel importante tanto en el combate al narcotráfico, así como en la interacción con otros actores institucionales involucrados en el tema (medios de comunicación y gobiernos extranjeros), y ya ubicados en el sexenio de Zedillo, se nombró como director del mismo al general Jesús Gutiérrez Rebollo, con lo que este militar se 34 Fiel al antiguo dicho político que rezaba que el Presidente de la República al nombrar su procurador, no debía buscar un colaborador, sino un cómplice. 80