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Se estableció también que los requisitos que establecían los contratos para la subrogación no

eran lo suficientemente estrictos para exigir un buen cuidado de los niños. Abrir una

guardería no era cosa complicada; en la declaración II, el contrato de subrogación sólo

especificaba que “el prestador declaraba ser una persona moral legalmente constituida,

cuyo objeto social consiste en la asesoría y prestación de servicios de educación y guardería

de menores, contar con los recursos técnicos humanos y financieros administrativos, así

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como la infraestructura necesaria para brindar el servicio” , pero no se exigía a los

subrogantes tener algún tipo de preparación académica, ni experiencia en el ramo, por lo que

era fácil adjudicar y no licitar a los mejores postulantes. Gracias a eso, la subrogación pudo

convertirse en un negocio sencillo de adquirir y redituable para muchos particulares, cuyos

perfiles no tenían nada que ver con la educación y el desarrollo infantil.

También se observó que los requisitos que establecían los contratos no se cumplían siempre

al pie de la letra por los concesionarios, ocasionando una falta de rigor en el cumplimiento

de la normatividad, y por lo mismo, dichos contratos presentaban irregularidades. Se informó

que sólo 14 contratos de prestación de servicios, de los mil 480 que se analizaron, cumplían

todos los requisitos previos que la normatividad establecía, y 11 de éstos 14 contratos se

regularizaron después de su suscripción. Lo que mostraba que solamente el 0.3% de las

guarderías cumplía cabalmente los requisitos exigidos para su funcionamiento (SCJN, 2010).

14 fragmento tomado del contrato de prestación de servicio de la guardería ABC celebrado entre el IMSS,
firmado por Juan Francisco Molinar Horcasitas como director y la representante legal de la Guardería ABC,
Sandra Lucia Téllez Nieves, en el año 2006 en Hermosillo, Sonora; disponible en el informe preliminar de la
SCJN.

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