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el carácter paternalista del misionero, el libre tránsito en las provincias con la libertad de cohabitar en pueblos con españoles y otras castas para conformar poblaciones mixtas, que de acuerdo a su administración se comportaron como si fueran curatos o parroquias sin ser pueblos propiamente secularizados. La libertad de contratarse con españoles y vecinos para trabajar mediante el pago de un jornal, además, se les dejó en libertad de arrendar sus tierras. De la misma manera, quedaban los indios exonerados de toda obligación de prestar sus servicios al padre misionero sin recibir un pago por su trabajo. Igualmente, fueron eliminados los castigos a los indios por parte de los misioneros. Entre otras cosas, nuestro análisis, ubicó dichas instrucciones como que el indio adquiría igualdad social con los españoles. Sin embargo, el discurso fue uno y la práctica otra. La expulsión de los jesuitas transformó la vida social y política de la región, fue aprovechada por los vecinos o “gente de razón” para iniciar un proceso de desarrollo económico y político favorable a sus intereses, bajo el auspicio de las nuevas oportunidades y reglamentaciones como la apertura comercial, apoyo al desarrollo y explotación minera, la creación de casa de moneda, reducción de impuestos y la proyección del cambio de régimen de la propiedad de la tierra de comunal a propiedad privada, entre otros cambios. Mientras, los indios se enfrentaron a distintos cambios sociales producto de la reorganización administrativa de las misiones. Primero, porque dejaron atrás la protección paternalista del misionero, que directamente se relacionaba con la organización del trabajo, alimento y vestido de los indios y posteriormente, porque la expulsión traía consigo la eliminación del sistema de misiones y con ello la desintegración de las comunidades indígenas como unidad social de los pueblos. Las autoridades reales se propusieron sujetar al clero a las Ordenanzas del Patronato Real, mediante la transformación de las misiones a curatos y doctrinas administradas bajo la autoridad de una Diócesis. En ese sentido, se giraron instrucciones de que todas las misiones de Sonora y Sinaloa fueran secularizadas, con la idea de adelgazar la nómina de la Hacienda Real al no pagar sínodos a los curas doctrineros. Además que los curatos contribuirían con sus tributos y diezmos al fortalecimiento del erario Real. El proceso de secularización tiene de fondo la desaparición del sistema misional en las provincias.
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